Jonathan
Schanzer, vice-presidente da Fundação para a Defesa das Democracias
(FDD), afirma que quebrar as ongs terroristas não foi uma prioridade nos
oito anos de Barack Obama e alerta a Administração Trump para que
retome essa importante batalha desenvolvida nos anos de George. W. Bush:
Provocar la quiebra
de las organizaciones benéficas terroristas no fue precisamente una
prioridad en los ocho años de Barack Obama. Ha llegado la hora de que la
Administración Trump dé instrucciones a los burócratas para que retomen
esta importante batalla.
Tras los atentados
del 11-S, la Administración de George W. Bush llevó a cabo importantes
operaciones de desmantelamiento. En 2001 las autoridades federales
pusieron en el punto de mira a la Holy Land Foundation
por canalizar más de 12 millones de dólares a la organización
terrorista palestina Hamás. Al año siguiente, el Departamento del Tesoro
desmanteló la Benevolence International Foundation de Illinois por “proporcionar apoyo material a varias organizaciones, incluida Al Qaeda”. La Global Relief Foundation,
también clausurada en 2002, “proporcionaba ayuda a Osama ben Laden, a
la red de Al Qaeda y a otras organizaciones terroristas conocidas”. Otra
organización benéfica que financiaba a Al Qaeda y a Hamás, la Joh Islamic Africa Relief Agency, corrió una suerte parecida en 2004, y su presidente fue condenado a 63 meses de cárcel.
En cambio, en sus ocho años la Administración Obama desmanteló una sola entidad benéfica por financiación del terrorismo (una tapadera de los Tigres Tamiles,
en 2009). Se desconoce qué tipo de riesgos ha supuesto -si es que ha
sido así- este lapso para la seguridad nacional o para nuestras tropas
desplegadas en el extranjero. Pero es de todas formas desconcertante,
dada la constante preocupación mundial por la amenaza del terrorismo.
El lapso de ocho años quedó confirmado en un informe
publicado en diciembre de 2016 por la Financial Action Task Force,
organismo internacional dedicado a promover políticas contra el lavado
de dinero y la financiación del terrorismo.
“EEUU no ha señalado a
ninguna organización benéfica con sede en EEUU desde (…) 2009”, decía
el informe. Publicado en coordinación con el Gobierno de EEUU, el
documento decía:
El descenso es coherente con la creciente tendencia [de los grupos terroristas] a recaudar fondos bajo falsos pretextos y por fuera de organizaciones benéficas de cualquier tipo.
Es sin duda cierto
que se ha producido ese descenso. Los esfuerzos del Gobierno de EEUU
paraproteger la integridad del sistema financiero norteamericano y
congelar fondos destinados a organizaciones terroristas han disuadido a
muchas organizaciones enemigas de operar en suelo estadounidense. Pero
es difícil creer que ni una sola organización haya entrado en conflicto
con nuestras leyes.
Una explicación más
probable es que la iniciativa Contrarrestar el Extremismo Violento de
Obama, pese a las afirmaciones sobre sus éxitos en el ámbito
comunitario, dejaba a un lado la aplicación de la ley para cooptar, en
vez de confrontar, a los infractores. Así, se pedía a las organizaciones
sin ánimo de lucro que renunciaran al extremismo y dejaran de financiar
el terrorismo incluso cuando las autoridades tenían fuertes sospechas
de que algunas de ellas estaban implicadas en ese tipo de actividades.
Es a esto a lo que parece referirse el informe de la Financial Action
Task Force como “objetivo sobrepasado”.
El apartamiento
burocrático de la persecución activa de las organizaciones benéficas
proterroristas ha sido una constante durante varios años. En los últimos
tiempos, el Departamento del Tesoro y el FBI trabajaron conjuntamente
para lograr algunos éxitos importantes. En 2006, las divisiones de
Seguridad Nacional e Impuestos del Departamento de Justicia, en
cooperación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el FBI,
formaron un equipo de trabajo para señalar a organizaciones exentas de
impuestos sospechosas de financiar a organizaciones terroristas
internacionales. También incluía a representantes del Tesoro y del
Comando Central del Pentágono, que cubre Oriente Medio. Entre otras
cosas, el equipo de trabajo hacía un seguimiento de antiguos empleados y
donantes de las organizaciones que tenían algún antecedente en
financiación del terrorismo, una tarea crucial, ya que los financiadores
del terrorismo reorganizan constantemente su estructura corporativa, y a
veces sus nombres, para evadir las leyes.
En 2007, la
estrategia de este equipo de trabajo formó parte de la propuesta de un
plan nacional contra la financiación del terrorismo. El equipo de
trabajo proporcionó las bases para llevar exitosamente a juicio a una
serie de organizaciones delictivas. Pero todo terminó abruptamente poco
después de que el presidente Barack Obama llegara al poder.
Entre tanto, las
investigaciones domésticas del Departamento del Tesoro se marchitaban,
debido a los obstáculos legales sobre su constitucionalidad. De hecho,
el riesgo de un largo proceso de litigio cada vez que se acusaba a una
organización parecía ser superior a la recompensa. Al final, como me
dijo un funcionario del Departamento del Tesoro, “dejamos de hacer
acusaciones a nivel doméstico”. La probabilidad de que el Departamento
del Tesoro reanude las acusaciones domésticas es muy pequeña o ninguna.
Por supuesto, la
lucha contra la financiación del terrorismo dentro de Estados Unidos no
se ha detenido. Simplemente, ahora es estricta competencia del
Departamento de Justicia. Algunos casos puntuales contra individuos han
prosperado, y se han desmantelado algunas tramas. Pero las
organizaciones domésticas, sea por falta de objetivos o por decisiones
políticas, han quedado al margen.
El Tesoro, mientras
tanto, sigue sancionando agresivamente a las entidades en el extranjero,
y ayuda a frenar la financiación del terrorismo en todo el mundo. Pero
es difícil entender cómo nuestros socios internacionales van a tomarnos
en serio si se mantiene esta evidente asimetría. De hecho, ¿por qué
deberían sentirse impelidos a tomar medidas contra sus problemas de
financiación del terrorismo si no abordamos los nuestros?
La pelota está ahora
en el tejado de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Es posible
que, entre las muchas y diversas atenciones que exige la transición
presidencial, este asunto no esté bajo el radar de la Administración.
Pero debería. En realidad, lo sorprendente sería que las organizaciones
terroristas no hayan aprovechado este margen de oportunidad. Es hora de
poner otra vez a nuestros profesionales de la seguridad nacional a
trabajar en este asunto de la máxima importancia. (ElMedio).
BLOG ORLANDO TAMBOSI
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