Encarar a vida política como uma batalha entre o bem e o mal equivale a acabar com ela. Na origem das tensões atuais está o recurso à condenação moral, quando bastaria a rejeição política. Artigo do professor Daniel Innerarity para o El País:
La
democracia es un sistema político forjado por unos seres humanos que,
tras muchas batallas y experiencias amargas, han aprendido que deben
hacer compatibles dos cosas que de entrada parecen llevarse mal: la
importancia de que la vida pública respete el valor de la verdad y la
sospecha frente a quienes pretenden monopolizarla. Lo mismo puede
decirse de la moral: entre los comportamientos morales exigidos por la
democracia está también aprender a presentar la posición propia como
políticamente preferible, pero no como moralmente superior. Los sistemas
políticos liberales están construidos sobre la experiencia de que los
mentirosos y los malvados deterioran la vida democrática menos que los
administradores de la verdad y la bondad.
Tiene
razón Cayetana Álvarez de Toledo cuando afirma que con su cese no se
está dirimiendo una batalla entre la moderación y la radicalidad porque
su estilo belicoso no es un asunto de grado, sino el resultado de una
determinada manera de entender la política. Cuando explicaba las razones
de su cese defendía su “derecho a decir la verdad”. Al ver a alguien
que disfruta de una relación tan íntima con la verdad no sé si siento
más envidia o temor. En cualquier caso, refleja una mentalidad que es
incompatible con ser liberal, ideología con la que dice identificarse la
exportavoz del PP.
El
liberalismo es una cultura política que, sin renunciar a la verdad y el
bien como aspiraciones humanas, diseña la vida pública de manera que
nadie pueda representarlos absolutamente. La verdad y el bien son
entendidos más como aspiraciones que como propiedades. Hemos aprendido
de nuestros errores tanto como de nuestras “verdades” (es decir, de la
precipitada designación de nuestras opiniones como verdades). Es cierto
que tenemos un problema de banalización del debate político, donde todo
parece valer en la misma medida, pero también sufrimos esa polarización y
tensionamiento que produce la pretensión de monopolizar la verdad y la
excesiva moralización del campo de juego político. Son cosas que
cualquier liberal debería conocer, así como el papel que la verdad y el
bien juegan en la política desde las revoluciones democráticas
contemporáneas.
La
verdad en política es una aspiración compartida, no una propiedad
privada o un arma arrojadiza. La democracia es un régimen de opinión,
que no se puede desarrollar sin respeto a las evidencias, por supuesto,
pero en la que nadie ostenta el privilegio de representar a los hechos
verdaderos. Hay hechos palmarios sin cuya aceptación el diálogo sería
imposible; uno de los más básicos es, por cierto, nuestra tendencia a
calificar como hechos evidentes lo que no son más que opiniones
personales. John Rawls recordaba que cierta concepción de la verdad
(“toda la verdad”) es incompatible con la democracia porque en una
democracia la verdad posible es parcial, limitada, compartida,
provisional y discutible. No tenemos democracias para encontrar verdades
absolutas, sino para decidir los asuntos comunes sobre la base de que
nadie —mayoría triunfante, élite privilegiada o pueblo incontaminado—
tiene un acceso privilegiado a la objetividad que nos ahorrara el largo
camino de la pública discusión. Si incluso en la ciencia, que cuenta con
instrumentos de verificación, protocolos rigurosos, datos contrastados y
evidencias, la verdad es algo construido cooperativamente, qué decir de
la dimensión de verdad de la política, que es un arte práctico basado
en el contraste, el equilibrio de las fuerzas contrapuestas y la
negociación continua.
En
la vida política hay cosas mejores y peores, pero plantearla como una
batalla entre el bien y el mal equivale a acabar con la política.
Sabemos que no todo el mundo es bueno, pero ni siquiera a los mejores
entre nosotros les hemos conferido la capacidad de otorgar el
certificado de bondad y maldad. La democracia moderna seculariza estos
valores sin necesidad de renunciar a ellos: la verdad es una aspiración
que no se da fuera de la discusión y el contraste, a la que resulta más
fácil acceder cuando el punto de partida es la diversidad de opiniones
que donde estuviera prohibida o neutralizada esa pluralidad; la vida
pública busca el bien común, para lo cual un primer requisito es no
descalificar moralmente a quien lo pretende de un modo que difiere del
nuestro. El hecho de que existan personas malvadas no dice nada en
contra del sano principio de que podemos criticar a nuestros adversarios
sin descalificarlos moralmente.
Seguramente
en el origen del tensionamiento actual de nuestra vida política hay una
hipermoralización de los discursos; enseguida recurrimos a la condena
moral cuando hubiera bastado el rechazo político. La democracia moderna
se configuró en paralelo con los procesos modernos de secularización y
de ahí ciertos parecidos formales: se privatiza la concepción del bien y
se desmoraliza la vida pública, no en el sentido de que los asuntos
comunes carezcan de reglas, sino de que las normas políticas no pueden
ser remplazadas por normas morales. No hace falta que consideremos a
nuestros adversarios políticos como unos malvados, ni es necesario
calificar de ilegítimo al gobierno que detestamos cuando basta que los
critiquemos por sus malas políticas. De quien echa mano con demasiada
frecuencia a descalificaciones morales podemos sospechar que le faltan
argumentos propiamente políticos.
La
gran división moral en este país se hizo cuando comenzó a utilizarse la
Constitución como un elemento de identificación y de exclusión. Por
utilizar la célebre pregunta de Vargas Llosa, esto se jodió cuando
comenzó a utilizarse la etiqueta del “constitucionalismo”, como si no se
advirtiera la contradicción que ello suponía. De este modo, dejamos de
entenderla como un marco tan común que incluso albergaba a quienes
mantenían serios desacuerdos con su contenido concreto. ¿Cómo se integra
en el llamado “constitucionalismo” la propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional que establece que el deber de lealtad
constitucional es solo procedimental y que no formula ningún deber de
adhesión? Se trata además de un constitucionalismo que hace referencia a
la unidad territorial, pero que no se aglutina en la defensa de otros
valores. Una Constitución que es entendida además como poder constituido
y no como poder constituyente porque siempre es demasiado pronto o
demasiado tarde para plantear su reforma, significativamente entendida
como un proceso incontrolable, similar a abrir la caja de Pandora.
Puestos a repartir calificativos cabría preguntarse quién sirve más a la
Constitución, quien la fosiliza y deja que las instituciones se
deterioren o quien la quiere cambiar, actualizar e incluso modificar
audazmente.
La
democracia es una realidad dinámica, que se revitaliza por el cambio y
la transacción, ampliando los acuerdos e incorporando a nuevas
generaciones, mientras que se anquilosa cuando evita cualquier
transformación, para lo cual una de las más eficaces estrategias es
suponer las peores intenciones en quienes proponen su actualización
constituyente.
Daniel
Innerarity es catedrático de Filosofía Política e investigador
Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Ha publicado recientemente
Pandemocracia. Una filosofía de la crisis del coronavirus (Galaxia
Gutenberg).
BLOG ORLANDO TAMBOSI
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