Ian Vásquez, do Instituto Cato,
compara a situação de Lula e de Cristina Kirchner e observa que, no
caso brasileiro, sacrificar o Estado de Direito (permitindo a
candidatura de Lula), longe de fortalecer a democracia, debilita-a, além
de ser um péssimo exemplo para outros países. Gilmar Mendes deveria ler
este artigo:
Las coimas que se hicieron bajo el gobierno peronista de Néstor y
Cristina Kirchner representan el caso de corrupción más grande en la
historia de Argentina. Entre el 2004 y el 2015, el monto de sobornos
pudo haber llegado a por lo menos US$36.000 millones, según Ariel
Coremberg de la Universidad de Buenos Aires.
El escándalo es parecido al del Lava Jato brasileño. Ambos casos han
sorprendido por involucrar a los más altos niveles de la élite –entre
ellos, a ex presidentes– y por ponerlos a rendir cuentas. Las
investigaciones policiales han sido posibles por cambios recientes en la
ley (como los acuerdos legales que incentivan a los sospechosos a
delatar a otros criminales) que han terminado fortaleciendo el Estado de
derecho y la democracia.
Pero no todos lo ven así. El ahora encarcelado ex presidente
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirma que el proceso judicial en su
contra ha sido nada menos que “un golpe de Estado en cámara lenta
diseñado para marginar de forma permanente las fuerzas progresistas de
Brasil”. Cristina Kirchner, ahora investigada por la justicia, declara
que el proceso “es un instrumento de persecución y proscripción de
dirigentes populares” y que “esta instrumentación de la presión del
Poder Judicial que se da también en Brasil y Ecuador es regional”.
Esos relatos son de esperar, pero carecen de credibilidad, ya que las
investigaciones y procesos judiciales se han hecho siguiendo el debido
proceso y la Constitución. Es importante que quede claro ese punto
porque la percepción pública afecta la legitimidad de la democracia,
especialmente si se trata de líderes políticos importantes. El caso
brasileño es más complicado que el argentino, dado que los mismos
dirigentes peronistas están abandonando a Kirchner. Lula, el líder
político más popular de Brasil, dice que sus derechos han sido violados
al ser sometido a una justicia arbitraria y al prohibirle ser candidato
presidencial en las elecciones de octubre. Muchos le creen.
Lula tiene cierto apoyo internacional, que va más allá de la extrema
izquierda. El intelectual y ex canciller mexicano Jorge Castañeda, por
ejemplo, escribió en el New York Times que el caso brasileño “representa
un choque fundamental entre la democracia y el Estado de derecho”, que
Lula sí ha gozado del debido proceso pero, dada su popularidad, no
permitirle candidatearse casi que equivale a privar a millones de
ciudadanos de sus derechos. Concluye que “la democracia debería
imponerse, por así decirlo, al Estado de derecho”.
¡Qué manera de confundir y vaciar conceptos! Seguir el consejo de
Castañeda no solo sería desconocer fallos legales e ignorar la ley que
le prohíbe a Lula ser candidato y que el mismo Lula sancionó siendo
presidente; sería, además, desconocer los derechos de todos los
brasileños cuyos recursos fueron saqueados. En el fondo, el argumento de
Castañeda es el argumento de muchos seguidores de Lula: sabemos que
cometió delitos, pero no nos importa y somos muchos.
¿Es necesario resaltar que esa fórmula no solo atropella el Estado de
derecho, sino que también le resta legitimad a la democracia?
Desafortunadamente sí. Seguir el consejo de Castañeda, además,
incentivaría la delincuencia en la función pública. Un líder político
delincuente promovería más medidas “populares” y demagógicas para
protegerse de la ley. Un capo de la mafia o un empresario inescrupuloso
podría gastar hartos recursos para entrar en la política y protegerse de
igual manera.
La situación política brasileña es distinta a la de Argentina. Pero
si se sacrifica el Estado de derecho en un país, también se debilitará
la democracia y servirá de mal precedente para otros países.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 28 de agosto de 2018.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
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