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Contra a tirania woke: "não há liberdade acadêmica sem liberdade de expressão e não há progresso sem liberdade acadêmica. Academia e sociedade são realidades inseparáveis. Marta Martín Llaguno para The Objective:
Hoy jueves comienzan los actos del 30 aniversario de la proclamación del Día Mundial de la Libertad de Prensa por parte de la ONU
en Nueva York. Desde aquel 3 de mayo del 1993, cada año, en una serie
de eventos itinerantes, la Unesco ha ido tratando cuestiones
relacionadas con los medios de comunicación: desde su papel en la
resolución de conflictos (2000, en Suiza) el racismo (2001, en Namibia) o
el terrorismo (2002, en Filipinas) … hasta su labor en la igualdad de
género (2015, en Letonia).
A
mi parecer, sin embargo, ningún tema tan interesante como el que se
analiza en esta ocasión en la gran manzana: la libertad de expresión
como motor del resto de derechos humanos.
Desde
luego, la facultad de difundir opiniones, ideas, críticas, o hechos
-sin temor a censura o persecución- es concomitante con la libertad de
prensa (que implica la circulación de publicaciones sin interferencias
ni coacciones). Pero no sólo. La libertad de expresión va mucho más
allá. Por ejemplo, resulta una condición sine qua non de la libertad
académica, que protege el debate sin temor a represión en la búsqueda
del conocimiento. Esta libertad es fundamental para la educación, la
ciencia y la democracia.
El
silogismo es claro: no hay libertad académica sin libertad de expresión
y no hay progreso sin libertad académica. Y, a la inversa: la terrible
deconstrucción de instituciones democráticas que estamos viviendo deriva
de la aplicación práctica de ideas forjadas en laboratorios
universitarios. Academia y sociedad son realidades inseparables.
Hace meses contaba en una columna («Tiempos difíciles y peligrosos para la Universidad«)
cómo en Estados Unidos la preocupación por el deterioro de la libertad
de expresión -fuera y dentro de los campus- se ha disparado en la última
década. Allí se han multiplicado los debates públicos y manifiestos de
denuncias de la cultura de la cancelación (la tendencia al señalamiento,
la muerte civil y la expulsión de quien -y de aquello- que no se somete
al pensamiento de lo políticamente correcto). Más de 1.500 profesores
estadounidenses han firmado el manifiesto Restoring academic freedom
para reivindicar el valor de la libertad y de la verdad en la
Universidad, y para denunciar las imposiciones de la tiranía woke.
Simultáneamente,
en Reino Unido, ya hay artículos que alertan de peligros de la
internacionalización del espacio de educación superior a raíz del
Brexit, con dependencia no sólo de políticos, sino de matrículas o de
intereses de lobbies y empresas externas.
En
España se lleva tiempo señalando la falta de neutralidad ideológica y
las presiones sobre discrepantes en algunas universidades.
El
tema no es baladí, ni una fatuidad de intelectuales: la coacción en los
campus, además de pisotear derechos individuales, supone un riesgo
inadmisible para nuestra sociedad. No es ya que haya catedráticos o
asociaciones de alumnos cancelados por la divulgación de ideas; es que
cada vez más procesos universitarios (comités de contratación,
organismos de financiación, revistas académicas…) censuran los tipos de
investigación que no se adhieren a las causas que «garanticen una
conexión con el pensamiento impuesto a la mayoría».
Hace
unas semanas ha salido (pasando desapercibido) un informe del
Parlamento Europeo sobre el estado de la libertad académica en la UE que
detecta amenazas en el espacio de educación superior en algunos estados
miembros. Por ejemplo, España.
La
pérdida de neutralidad de algunas instituciones no es una sorpresa.
Pero sí lo es que se refiera explícitamente en un documento
internacional.
El
informe europeo relata la adhesión de los claustros a manifiestos en
apoyo al referéndum independentista de Cataluña, que conllevó la condena
a la UB por el pisoteo de derechos individuales del personal
universitario que discrepaba. También, en otro orden de cosas, relata
que en los campus catalanes se ha marginado y acorralado a asociaciones
como S´ha acabat.
Desgraciadamente
los relacionados con el independentismo no son los únicos casos que
ilustran la tensión entre la libertad académica, el principio de
neutralidad ideológica y la cultura de la cancelación. Cabe recordar por
ejemplo el incidente en la UAB con Juana Gallego, una catedrática de
comunicación con amplia trayectoria de investigación en feminismo, que
sufrió un boicot por no suscribir algunas de las suposiciones de la ley
trans. Lo más grave es que la coordinación del máster no defendió su
derecho a opinar.
Lejos
de prevenir y corregir abusos, a mi juicio, la recientemente aprobada
LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) los legitima. Esta norma
reconoce a los claustros explícitamente la facultad de analizar y de
debatir sobre asuntos no académicos. No a los individuos (alumnos o
profesores), que sería lo normal, no: a los órganos colegiados que hacen
manifiestos en nombre de las instituciones y de todos sus componentes.
Lo
que podría parecer algo inocente es, en realidad, una sinécdoque
ideológica que resulta una aberración. Quienes la han propulsado (ERC y
Bildu) no cuentan, además, con que se les puede dar la vuelta: hoy
mandas tú, pero mañana tu contrario.
Hace
ya meses, más de 1.000 profesores interpretamos que este aserto en la
ley era un intento de eludir decisiones judiciales y firmamos la ‘Carta
abierta de universitarios por la convivencia por la neutralidad
ideológica de nuestras universidades’. Denunciábamos la legalización de
la politización de la cultura universitaria.
La
respuesta ambigua del ministro en nada nos ayudó a dirimir si los
claustros -cuyas resoluciones expresan la voluntad colectiva de toda la
comunidad universitaria- pueden ahora (o no) aprobar declaraciones y
manifiestos de contenido ideológico y político.
Creo
que ha llegado la hora de abrir en España el debate sobre el
diagnóstico de las coacciones a la libertad académica y sus
consecuencias. Un debate que lleva años candente en el mundo anglosajón
pero que era aún inexistente en el latino.
Hasta
la fecha no se ha llevado a cabo investigación alguna para medir las
opiniones de profesores y estudiantes sobre el estado actual de la
libertad académica y la cultura de la cancelación en universidades
públicas y privadas de todo el territorio. Un grupo plural y abierto de
profesores de distintas instituciones nos hemos decidido a hacerlo.
Llevamos,
precisamente, a uno de los eventos de la Unesco la presentación y
validación del cuestionario TAFESC (Threats to academic freedom in
Spanish-Speaking Countries).
He
hablado con muchos colegas y la mayoría coincidimos en que es urgente
diagnosticar la salud de la libertad académica en nuestro país. Hago un
pequeño spoiler: en la observación inicial para validar nuestro
cuestionario con una muestra de 100 profesores, casi el 70% ha afirmado
que hoy en día la libertad académica en España se siente amenazada. Pero
es que, sorprendentemente, más universitarios consideran que en los
últimos tiempos su libertad se ha visto más deteriorada en los campus
que universitarios sienten que se ha visto deteriorada en las redes o en
el contexto en general.
Son
datos exploratorios. Pero poca broma. Los modelos de universidades
ideologizadas han demostrado en otros países ser, además de un tremendo
fracaso, el germen de muchos otros recortes de libertades ulteriores.
La pérdida de espacios de libertad en el seno de la Universidad es un escenario muy, muy grave. Urge investigar. Sin demora.
Me
malicio que no es lo único que está en peligro en la universidad. Los
académicos sufrimos una avalancha de cambios, a cuál peor, que nos
tienen abrumados sin poder reaccionar. Ayer sin ir más lejos salieron a
la luz tres decretos surrealistas (de acreditaciones, de ámbitos y de
departamentos) que dan, no para una, sino para varias columnas. Tiempo
habrá.
Postado há 4 days ago por Orlando Tambosi
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