Muitos peruanos se desencantaram diante do vexatório espetáculo de um
parlamento que parecia dedicado unicamente a defender a corrupção e
impedir o funcionamento das instituições. Artigo de Mário Vargas Llosa,
publicado por El País:
Ha hecho muy bien el presidente del Perú, Martín Vizcarra,
disolviendo el Congreso y convocando nuevas elecciones para el próximo
26 de enero, fecha que acaba de ser avalada por el Jurado Nacional de
Elecciones. Y han hecho muy, pero muy bien, las Fuerzas Armadas y la
Policía peruana reconociendo la autoridad del jefe del Estado; no ha
sido muy frecuente en la historia peruana que las fuerzas militares
apoyen a un Gobierno constitucional como el que preside Vizcarra; lo
normal era que contribuyeran a derribarlo.
La decisión de cerrar el Congreso ha sido rigurosamente
constitucional, como han mostrado muchos juristas eminentes y ha
explicado al gran público, con su lucidez característica, uno de los
mejores y más valientes periodistas del Perú: Rosa María Palacios. La
Constitución autoriza al jefe del Estado a cerrar el Congreso luego de
que este le niegue dos veces la cuestión de confianza y a la vez lo
obliga a convocar inmediatamente elecciones para reemplazar al
Parlamento destituido. Ambas cuestiones se han cumplido en este caso.
Por lo mismo, no se trata ni mucho menos de un “golpe de Estado” como ha
querido hacer creer la alianza aprofujimorista, que tenía mayoría
simple en el Congreso y había convertido a éste en un circo grotesco de
forajidos y semianalfabetos, con algunas pocas (pero, eso sí, muy
respetables) excepciones. Por eso se han echado a la calle, en todas las
ciudades importantes del país, a aplaudir al presidente Vizcarra,
cientos de miles de peruanos, celebrando la medida en nombre de la
libertad y de la legalidad de las que la mayoría parlamentaria de
apristas y fujimoristas había hecho irrisión.
Como siempre, por debajo y por detrás de las discusiones legales que
sustentan las instituciones de una democracia, hay intereses personales,
muchas veces innobles, que suelen prevalecer. Para eso existen la
libertad de expresión y el derecho de crítica que, bien ejercidos, hacen
los deslindes y denuncias necesarios estableciendo las prioridades, y
sacando de las tinieblas en que quisieran sumirlas sus enemigos, la
verdad y la libertad.
En estos casos, sin la más mínima duda, ambos valores están
representados por la decisión del presidente Vizcarra y los genuinos
enemigos de la verdad y de la libertad son quienes hasta ahora han
ensuciado hasta extremos inconcebibles el Congreso de la República,
convirtiéndolo en un instrumento de la venganza de Keiko Fujimori contra
Pedro Pablo Kuczynski, quien la derrotó en unas elecciones
presidenciales que creía ganadas: los sondeos lo decían así. Entonces
ella, a través del Congreso, se dedicó a tumbarle ministros e impedirle
gobernar. Por su parte, Kuczynski, al que muchos creíamos el presidente
mejor preparado de la historia del Perú y que resultó uno de los peores,
creyó aplacar al tigre echándole corderos (es decir, indultando al
expresidente Fujimori de la condena de 25 años de cárcel que cumple por
asesino y por ladrón) con lo que se hizo el harakiri y debió finalmente
renunciar. Ahora está en arresto domiciliario investigado por el Poder
Judicial, acusado de malos manejos.
Probablemente nada de lo que ha ocurrido hubiera tenido las
proporciones que ha alcanzado si, en el intermedio, no hubiera aparecido
el famoso Lava Jato en el Brasil, en que la empresa Odebrecht y las
“delaciones premiadas” —es decir autoconfesiones de hechos ilícitos a
cambio de condenas reducidas o simbólicas— revelaron que en el Perú
varios presidentes, ministros y parlamentarios habían sido comprados por
la tristemente célebre empresa (y por otras, también) para favorecerlas
con concesiones en obras públicas y otras prebendas. Esto sacó de
quicio principalmente a apristas y fujimoristas, implicados en estos
sucios enjuagues. Y, su pánico fue mucho peor cuando, a la vez que
ocurría todo esto en el Brasil, surgía dentro del Poder Judicial peruano
un grupo de fiscales honestos y valerosos empeñados en aprovechar las
“delaciones premiadas” para sacar a la luz la corrupción en el Perú y
sancionar a sus culpables.
Esta es la razón profunda que está detrás de los atropellos e
ilegalidades cometidas por la mayoría simple parlamentaria que detenta
la alianza de apristas y fujimoristas y que han obligado al presidente
Vizcarra a clausurar este Congreso y convocar elecciones para
reemplazarlo. Ojalá, sea dicho de paso, los peruanos voten el próximo 26
de enero mejor que en las elecciones anteriores, y no vuelvan a sumir
al Perú en un Parlamento tan mediocre y obtuso como el recién
desaparecido. Pero las condiciones mismas de esta elección no favorecen
que haya muchos candidatos de lustre para ocupar los escaños; el tiempo
de vida del que dispondrán será muy escaso —unos 16 meses— y, como no
hay reelección según las nuevas disposiciones electorales, los
incentivos para los nuevos congresistas no resultan nada estimulantes.
Pero, en todo caso, se trata de un paso adelante en la consolidación
de la democracia en el Perú. Muchos peruanos, ante el espectáculo
bochornoso de este Parlamento, que parecía dedicado exclusivamente a
impedir que funcionaran las instituciones, a defender la corrupción y a
sus líderes deshonestos, se habían desencantado de la legalidad. ¿Para
esto servían las elecciones libres? Ahora saben que, por más errores que
se puedan cometer dentro de una democracia, en una sociedad libre se
puede sacar a la luz todo aquello que anda mal, y que esta es la gran
superioridad de las sociedades abiertas sobre las dictaduras.
Quisiera también destacar el espíritu cívico que ha sacado a las
calles a tantos peruanos a renovar su convencimiento de que la libertad
es siempre la mejor opción. Una de las buenas cosas que ocurrían en el
Perú, pese al Congreso, ha sido la libertad de expresión. El periodismo
en el Perú ha funcionado en estos años expresando la gran diversidad
política que existe en el país, y muchas de las críticas de esta prensa
han sido certeras e impedido que, en el desorden que existía, pereciera
la legalidad. Pero un país no sólo funciona con la democracia. Es
imprescindible que haya trabajo, que los ciudadanos sientan que existe
igualdad de oportunidades, que todos pueden progresar si se esfuerzan
para ello, y que existe un orden legal al que pueden recurrir si son
víctimas de injusticias y atropellos.
Curiosamente, en estos años de desorden político, el país es uno de
los pocos que en América Latina ha crecido económicamente; se han
ensanchado las clases medias y pese a las catástrofes naturales, el Perú
progresa en creación de riqueza y en oportunidades. Una sola mancha en
este panorama: la idea de que toda minería es negativa y que hay que
combatirla para que no destruya el medio ambiente. Esto es absurdo pero
ha calado más allá de los demagogos de la extrema izquierda que la
promueven; y, a la vez que esto ocurre, crece la minería ilegal que,
ella sí, es una amenaza gravísima contra la salud ecológica de un país.
Ojalá que liberada de este Congreso repelente y los desórdenes que
auspiciaba, la democracia peruana empiece también a funcionar dentro de
una legalidad y libertad dignos de ese nombre.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Nenhum comentário:
Postar um comentário