Los
creadores de la democracia representativa veían con recelo la democracia
directa en la que todos los electores pueden sufragar a favor o en
contra de una iniciativa, pues ello impide el principio básico de un
régimen en el que las propuestas se debaten con orden y sosiego entre
quienes representan a los votantes.
Tales
deliberaciones sólo son posibles entre grupos pequeños para poder
desarrollar opiniones ponderadas mediante su discusión, lo que lleva a
formas de conducirse, ya sean republicanas o monárquicas, que requieren
de gobiernos representativos y democráticamente electos.
Por
contraste, la democracia plebiscitaria siempre lleva a regímenes
autoritarios como los surgidos en la Revolución Francesa, que le
permitían al gobernante en turno reclamar su legitimidad democrática por
aclamación de sus fieles, mientras ejercían un caudillismo totalitario.
Esto es
lo que pasa con el movimiento independentista catalán que violando las
leyes prevalecientes en España desde la restauración de la democracia,
que en 1978 merecieron el apoyo de una abrumadora mayoría de los
catalanes, intenta independizarse con un plebiscito en el que votaron
sólo sus correligionarios.
El
independentismo catalán jugó un papel importante para atizar el caos que
caracterizó la triste historia de la 2ª República Española, cuando
rechazando la voluntad de la mayoría de los españoles que en 1934 eligió
un gobierno de centro-derecha, la Cataluña de Lluís Companys declaró su
independencia.
El
gobierno republicano español fue obligado a intervenir, enjuiciar a los
alzados catalanes que recibieron sentencias de hasta 30 años,
lamentablemente conmutadas muy pronto. Atrás quedaron una cuarentena de
muertos, un gobierno encarcelado, una autonomía en entredicho y un
ridículo tan espantoso como evitable. La secuela, la historia terrible
de la cruenta guerra civil y una dictadura de 40 años.
Quiero
pensar que no hay mayores paralelismos y que la inminente intervención
del gobierno español se realizará con talento, prudencia y sin recurrir
al despliegue de fuerza que fue tan desafortunado en el intento por
frenar un plebiscito que, de entrada, era ilegítimo, por lo que había
que denunciarlo pero no impedirlo.
Es
crucial que el gobierno español despliegue una campaña inteligente de
comunicación sobre los costos económicos y políticos que se abatirían
sobre Cataluña de concretar su secesión porque los independentistas, al
igual que los proponentes del Brexit en el Reino Unido, han mentido de
forma colosal sobre el mundo utópico que les espera al ser cabalmente
autónomos.
El
gobierno español debe actuar conforme a derecho, como ha anunciado que
lo hará, disolviendo el gobierno catalán insurrecto y convocando a
elecciones para un nuevo gobierno, en el entendido que entonces se
podrán discutir las demandas legítimas de los catalanes que no amenacen
la integridad física de España.
Por su
parte, el Rey Felipe VI tiene la oportunidad de consolidarse como factor
de unidad, como lo hizo su padre el Rey Juan Carlos cuando enfrentó la
intentona de golpe militar el 23 de febrero de 1981, saliendo en defensa
de “mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente…,
la Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede
tolerar… acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso
democrático” decidido libremente por todos los españoles.
El Rey
Felipe ya dio un primer paso con su discurso del 3 de octubre llamando a
la unidad. Ahora debe persuadir a la gran mayoría de los catalanes que
está a favor de una España unida que se manifiesten con vigor frente a
la estridente minoría separatista.
(Les recomiendo a mis lectores el editorial del Senador Jeff Flake de Arizona publicado en el Washington Post el 24 de octubre pasado)
BLOG ORLANDO TAMBOSI
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