Para fazer um acordo com
a teocracia iraniana, Obama fechou os olhos às atividades do grupo
terrorista Hesbollah. Artigo de Daniel Rodríguez Herrera, publicado por Libertad.org:
El fiscal general de
Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó la semana pasada una revisión
interna de las investigaciones antidrogas contra Hizbolá de la era del
presidente Barack Obama, según informó el Departamento de Justicia.
El anuncio llegó
pocos días después de que el diario digital Politico publicase que el
gobierno de Obama frenó unas investigaciones por tráfico de cocaína
conocidas como Proyecto Casandra
contra esta milicia chií libanesa para no entorpecer las negociaciones
nucleares con Irán. Anteriormente varios congresistas republicanos ya
habían apuntado su intención de examinar pruebas de lo que podría ser un
delito penal.
Las investigaciones
comenzaron en 2008 después de que la agencia antidroga estadounidense
(DEA, por sus siglas en inglés) obtuviera pruebas de que Hizbolá se
había transformado de organización terrorista con ramas políticas a una
mafia internacional dedicada al tráfico de drogas y armas y el lavado de
dinero con una facturación anual de unos 1.000 millones de dólares.
Pero según avanzaba la investigación, los cargos políticos nombrados por
Obama pusieron trabas continuas hasta conseguir pararla. Y todo eso a
pesar de que parte de la cocaína con la que trafica Hizbolá llega a
Estados Unidos.
Durante ocho años,
agentes de la DEA interceptaron comunicaciones, llevaron a cabo
operaciones encubiertas y enrolaron confidentes para documentar las
redes criminales de Hizbolá con la ayuda de agencias de seguridad e
inteligencia estadounidenses y del resto del mundo. Siguieron los envíos
de cocaína desde Hispanoamérica a sus destinos en Estados Unidos,
Europa y Medio Oriente. Monitorizaron el dinero negro y cómo se lavaba,
entre otros métodos, comprando coches usados en Estados Unidos y
enviándolos a África. Y gracias a sus informantes llegaron a los
cerebros de las operaciones, en los más altos círculos de mando de
Hizbolá y de su principal apoyo, Irán.
Pero ahí estuvo el
problema. Obama buscó desde su llegada al poder un acuerdo con Irán para
frenar su programa nuclear y las investigaciones tocaban a personajes
demasiado importantes de la teocracia chií. De modo que cuando los
agentes que trabajaban en el Proyecto Casandra pidieron aprobación para
investigaciones, procesamientos, arrestos o sanciones económicas, los
cargos políticos en los departamentos de Justicia y Tesoro las
retrasaron, entorpecieron o directamente rechazaron.
“Fue una decisión
política, una decisión sistemática”, asegura David Asher, que trabajó en
el proyecto como experto en finanzas irregulares del Pentágono. Uno de
los casos más sangrantes fue la detención en la República Checa de Ali
Fayad, acusado de proveer de armas a las FARC y a los terroristas chiíes
en Irak. El gobierno de Obama no presionó para su extradición durante
los dos años que estuvo encarcelado. Finalmente los checos lo
intercambiaron por cinco prisioneros que Hizbolá había secuestrado como
moneda de cambio, una semana después de que se firmara el acuerdo con
Irán. También bloqueó los intentos de ir por el “Fantasma”, considerado
como uno de los principales narcotraficantes de todo el mundo, y Abdalá
Safieddine, el enviado de Hizbolá a Irán considerado como el cabecilla
de toda la red.
“Aunque confío en que
el último gobierno no puso barreras para permitir a los agentes de la
DEA que llevasen los casos del Proyecto Casandra, éste es un tema
importante para la seguridad de los americanos”, ha declarado el fiscal
general Jeff Sessions. “Las operaciones diseñadas para investigar y
llevar ante la Justicia a las organizaciones terroristas que alimentan
la crisis de las drogas tienen que ser una prioridad para este
gobierno”.
Pero podría ser
demasiado tarde. Los propios agentes que llevaban la investigación
confesaron a Politico que tantos años de retrasos han hecho que se
cierren las vías que habían abierto para llevar a estos criminales ante
la justicia. Todo para que Obama pudiera alcanzar un acuerdo considerado
por quienes lo apoyan como su principal logro de política exterior, y
por sus críticos –entre ellos Donald Trump– como un timo que sólo
conllevaba obligaciones fiscalizables a la comunidad internacional, pero
no a Irán.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
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